Mientras que la República Argentina se esmera en reforzar
las políticas de inclusión social basadas en el respeto a los derechos
culturales y socio-económicos; fortalecer la integración de migrantes
cualquiera sea el estado de su situación migratoria; innovar en la aprobación
de leyes respecto a Salud Mental, muerte digna, identidad de género o
matrimonio igualitario; y políticas públicas como el Plan Nacional Contra la
Discriminación; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclama
que Argentina investigue apropiadamente y esclarezca el confuso episodio
ocurrido el pasado 18 de enero de 2015, en el que fue encontrado sin vida
Alberto Nisman, Fiscal especializado en Terrorismo Internacional. La causa se
encuentra caratulada como “muerte dudosa”, aunque inicialmente los comunicados
oficiales anunciaron que habría cometido suicidio.
Alberto Nisman, de 51 años; tenía a su cargo la causa del
atentado contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)
que terminó con la vida de 85 personas el 18 de julio de 1994, y había
denunciado a la Presidente Cristina Fernández de Kirchner (quien acaba de ser
imputada junto a otros colaboradores) por supuesto encubrimiento de los iraníes
que poseen pedidos de captura en relación con el atentado, otorgándoles
impunidad mediante un Memorándum de Entendimiento (acuerdo bilateral
Argentina-Irán) a cambio del petróleo de dicho país en 2013. Nisman fue
encontrado en su departamento con un disparo en la cabeza, un día antes de
concurrir a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para
presentar las pruebas de estas denuncias.
“La Comisión llama al Estado a continuar con las
investigaciones de oficio garantizando que sean conducidas con debida
diligencia y de manera exhaustiva e imparcial, y siguiendo diversas líneas de
investigación que tengan en cuenta si la muerte de Alberto Nisman podría estar
vinculada a su labor como fiscal”, expresaba el comunicado emitido el 29 de
enero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, solicitó que el Estado “adopte todas las medidas
necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad
de las defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo de los
operadores de justicia”.
En tanto, los fiscales Guillermo Marijuan, José María
Campagnoli y Carlos Stornelli están convocando activamente para el próximo 18
de febrero a una marcha silenciosa, al cumplirse un mes de la muerte de Nisman.
En diferentes conferencias de prensa se ha anunciado –y solicitado- que la manifestación
sea en paz y en silencio, y el fiscal Marijuan ha expresado que tales
condiciones son indispensables “para que ese silencio signifique la paz que
necesitamos como sociedad y que necesitan los investigadores para encontrar la
verdad", al tiempo que en diferentes redes sociales, las personas
activamente se hacen eco de la convocatoria en diferentes y numerosas ciudades
de todo el país.
Mientras, diferentes cruces tienen lugar entre funcionarios
del gobierno y el personal que conduce las investigaciones. Como los duros
cuestionamientos respecto del procedimiento en la investigación que ha realizado
el Secretario General de la Presidencia Aníbal Fernández al Fiscal General de
la Cámara Ricardo Sáenz; al objetar por redes sociales la falta de presentación
de algunas pruebas y la “pronunciación pública por los méritos de otras antes
de llegar a su efectivo conocimiento”.
Además, Aníbal Fernández reclamó a la Fiscal Viviana Fein
que entiende en la causa, que suspenda sus vacaciones y continúe con las investigaciones;
quien también ha sido blanco de las críticas de la ex esposa del fallecido
Nisman (Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado) que tampoco está conforme con
decisiones tomadas en la causa: “Se dieron a conocer demasiadas medidas a los
medios de comunicación que van a terminar malogrando la investigación. En
algunos casos se tomaron decisiones de las que nunca fuimos notificados.”.
Entretanto que la Presidente Cristina Fernández de Kirchner
intercambiaba mensajes por redes sociales con personalidades del mundo que
opinan y cuestionan diversas aristas del caso, el Director Ejecutivo de Human
Rights Watch (HRW) Kenneth Roth escribe: “La muerte del fiscal argentino se
está poniendo sospechosa. Él planeaba pedir el arresto de la presidente.”.
Por su parte, las exponentes de los derechos humanos en
Argentina Hebe de Bonafini y Estela Carlotto, fraternizadas con el Estado a
partir de las numerosas acciones en las gestiones Kirchner-Fernández orientadas
a la reivindicación de los derechos humanos durante la dictadura militar
(1976-1983), defienden la investidura presidencial diciendo que “le tiraron un
muerto”.
El día viernes 13 de febrero, el pueblo argentino sufrió una
conmoción al escuchar la noticia de que finalmente, una presidente en
ejercicio, elegida democráticamente y por voto popular había sido imputada nada
más y nada menos por el encubrimiento de un atentado terrorista como lo fue el
ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.
Con la opinión pública presionando constantemente para una
pronta resolución, es frecuente oír en la calle y en todos los medios de
comunicación inagotables versiones y especulaciones sobre complots, mafia y
conspiraciones respecto de este caso; en donde innumerables personas están involucradas
directa e indirectamente, y día a día aparecen nuevos datos y pistas, a la vez
que acontecen importantes cruces y desacuerdos entre los sectores
participantes.
Viviana Vitulich
Psicología Social
Op. en Salud Mental
MP 9429 RN
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